Fuset irá al banquillo por la muerte en Viveros tras rechazarse su recurso

Pere Fuset será juzgado por un accidente mortal en el montaje de una grada para los conciertos de Viveros . Será el primer concejal de este Ayuntamiento que se siente en el banquillo de los acusados. Y lo hará, además, por un delito de homicidio imprudente. La última oportunidad del edil de Fiestas para evitar el juicio se evaporó este viernes tras la notificación del auto de la Audiencia de Valencia. Los magistrados, en definitiva, respaldan la labor del juez de instrucción y concluyen que existen suficientes indicios de criminalidad para mantener el procesamiento. «Tomó la decisión de su realización -se refiere a las gradas- al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores», resuelve la Sala.

El tribunal también mantiene procesados a la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat, los organizadores del evento y quienes corrieron con el pago de las gradas. Fuset, en su recurso, señalaba que él, como concejal, no decide el tipo de contratación, ni los procedimientos y que sigue el criterio de los técnicos. Una argumentación insuficiente para la Audiencia.

La Sala avala el trabajo desarrollado por el juzgado. El auto notificado ayer recuerda cómo pese a que el Ayuntamiento adjudicó el montaje de infraestructuras a la Cope y la contratación de artistas, a T Tercios SLU, Fuset remitió una carta de su puño y letra en la que imponía la «instalación de unas gradas por terceros que no habían participado en el proceso», es decir, «al margen de cualquier procedimiento administrativo». Fue una decisión «personal» del edil, insiste la resolución de la Audiencia.

Y esto se hizo con una gran premura de tiempo, apenas unos días antes del arranque del certamen, lo que impidió la colocación de más medidas de seguridad. Toda esta participación del concejal no puede calificarse de «baladí», aclara el auto. Admite el tribunal que no era Fuset el encargado del montaje ni participó en el dispositivo directamente, pero «tomó la decisión de su realización al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores». No resulta, por tanto, «infundada» la tesis del instructor de que su actuación fue «determinante». En otras palabras, «asumió una conducta fáctica absolutamente decisiva para el posterior desenlace fatal».

También la Sala subraya la importancia de las sanciones que recibió el Consistorio por este accidente y donde la Inspección de Trabajo considera que se trata de una infracción muy grave por no haber designado un coordinador de seguridad y la falta de un estudio de esta materia.

Y no sólo es este problema el que amenaza a Fuset. El juez de instrucción ya advirtió de la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa por «un acuerdo transaccional, trueque o compensación ilegítima» para que la empresa pudiera explotar «el kiosco bar de titularidad municipal de Viveros» a cambio de la construcción de las gradas. La Audiencia respalda estos indicios y también recoge la posible apertura de una investigación al respecto. Esto se haría en un procedimiento aparte.

El Ayuntamiento de Valencia tampoco ha obtenido el amparo de la Audiencia, que rechaza sus alegaciones para quedar fuera de la causa y no tener que responder como responsable civil. La fiscalía, en este caso, si mantenía la existencia de responsabilidad del Consistorio.

Los hechos que han dado lugar a la investigación ocurrieron el 27 de junio de 2017, cuando un operario que trabajaba en la construcción de unas gradas con capacidad para mil personas pisó una tabla que se venció y cayó desde una altura de 3 metros, se golpeó la cabeza y falleció unos días después en un hospital de València. Tenía 47 años, estaba casado y era padre de dos hijas. La familia de la víctima, Vasile Sucala, reclama cinco años de cárcel para el edil. Tres por el delito de homicidio imprudente y otros dos por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

El siguiente paso será la apertura de juicio oral, una resolución que dicta el juzgado de Instrucción y que no es recurrible. El juicio podría celebrarse a finales de este año o principios del próximo.