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Cuando a mediodía la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, decía que la propuesta de la concejalía de Urbanismo que dirige de reducir las alturas en el PAI de Benimaclet, ampliar la vivienda pública, construir un nuevo parque urbano y aumentar el suelo terciario del 13 al 20% era «la posición del Gobierno porque era la posición de Urbanismo» y se negaba a explicar que había sido consensuada con Compromís, ya se dejaba entrever que la cuestión del PAI iba a enfrentar a los socios. La coalición nacionalista emitió un comunicado a última hora de la tarde en el que aseguraba que el plan de Urbanismo «no ha sido consensuado», lo tildaba de «insuficiente» y criticaba que el PSPV dejara en manos de la empresa promotora, Metrovacesa, la reformulación del plan.
El Ayuntamiento tumbó el PAI de Benimaclet y abrió un nuevo frente con Metrovacesa y con la oposición, que criticó la falta de transparencia de la concejalía de Urbanismo. El departamento que dirige Sandra Gómez ha decidido reducir las alturas y el espacio privado del proyecto presentado por Metrovacesa para ampliar zonas verdes, espacio terciario y el parque público de viviendas. La agrupación urbanística tendrá ahora que modificar su proyecto para adaptarlo a los criterios del Ayuntamiento, que firmó ayer la inadmisión a trámite del proyecto presentado por Metrovacesa.
Gómez explicó que estos cambios «no modifican los parámetros urbanísticos definidos en el PGOU, si bien sí buscan dar respuesta a la mayor parte de las demandas vecinales». Estos criterios son «garantizar las dotaciones públicas» que son, ha dicho, «indispensables para dar servicio tanto a la nueva población como al barrio de Benimaclet». Preguntada por esta cuestión, en la empresa promotora se limitaron a asegurar que no tienen confirmación oficial de los cambios en el PAI y que los valorarán cuando los reciban. El Consistorio asegura que no cabe indemnización alguna para Metrovacesa porque las modificaciones entran dentro de los parámetros del PGOU.
Para Compromís, que convocará una ejecutiva local para tratar la cuestión, es imprescindible llegar «a un consenso» y «a un acuerdo» entre los socios de gobierno, ya que se trata de un «tema de futuro» y de «mucha importancia» para la ciudad que requiere «el diálogo y el acuerdo» de las dos formaciones que componen el gobierno municipal, «como se ha hecho siempre por parte de los dos partidos en el resto de cuestiones de estas características».
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Gómez quiere que «las mayores alturas se concentrarán en los extremos con las avenidas Alfahuir y Cataluña, haciendo que el resto de la edificación deba adecuar sus alturas a las del entorno, reduciéndose las mismas conforme se acercan a la huerta para lograr una transición amable».
La conceajala explicó explicado que la propuesta actual «destina alrededor de un 13% de la edificabilidad a usos terciarios, siendo el resto residencial». Sin embargo, recordó que las directrices de calidad urbana aprobadas por el Ayuntamiento «establecen un mínimo del 20% de edificabilidad terciaria».
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Ciudadanos, por su parte, afeó a Gomez que no tratara el tema en la última comisión de Urbanismo. Su concejal Narciso Estellés preguntará por el coste para el Consistorio, aunque Urbanismo insiste en que el mismo será de cero.
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