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El panorama judicial del concejal Pere Fuset se complica cada día. Ahora, la fiscalía de Valencia también reclama que se abra un procedimiento para investigar al edil por un posible delito de prevaricación al margen del accidente mortal de Viveros, asunto por el que se sentará en el banquillo.
Esta nueva causa surge a partir de las averiguaciones realizadas sobre el siniestro. El juez instructor apreció indicios delictivos en el edil al conceder la explotación comercial de varias barras en los conciertos a cambio del montaje de la grada. Esta petición ya fue formulada en su día por la familia del fallecido. La fiscalía se sumó ayer a esta iniciativa. Fuentes del ministerio público adelantaron entonces que no se opondrían a la nueva investigación, pero la posición final, la de pedirlo directamente, supone un matiz cualitativo que deja a Fuset en una posición todavía más comprometida.
La fiscalía quiere que se investigue si el concejal de Fiestas prevaricó al no respetar la Ley de Contratos del Sector Público en la adjudicación del montaje de la infraestructura en relación a la decisión que tomó posteriormente el edil de autorizar la explotación de tres barras de bar y cinco puestos de comida. La acusación propone diferente documentación para iniciar estas diligencias, como expedientes municipales, las inspecciones de Trabajo y declaraciones de investigados y testigos.
Ahora será el juez el que deba acordar esta deducción de testimonio. El asunto se enviaría entonces al decanato de los juzgados donde, por orden de reparto, recaería en otro órgano de instrucción diferente. En ese momento comenzaría una serie de nuevas diligencias para aclarar las circunstancias de esa concesión. Evidentemente, el concejal Pere Fuset debería comparecer como investigado para ser interrogado acerca de este particular. La petición del ministerio público consta en el escrito de calificación del accidente de Viveros que, al margen de este particular, confirma el planteamiento judicial de anteriores escritos.
El responsable de la sección de Siniestralidad Laboral no ve responsabilidad penal en la actuación del edil, tal y como ya adelantó en un informe intermedio en la causa. La acusación particular, en cambio, pidió en su día cinco años de prisión para Fuset por el siniestro mortal. El edil se sentará en el banquillo por esta representación.
El Ayuntamiento seguirá como responsable civil subsidiario y podría tener que responder económicamente del incidente. En cambio, sí ve responsables al resto de promotores del evento a los que también solicita pena de prisión. Se trata de los responsables directos del montaje. Cuatro directivos de las empresas Promociones Osuna y Caleserina, encargados de la instalación de las gradas, se enfrentan a tres años de cárcel por un delito contra la salud y la vida de los trabajadores y un homicidio imprudente.
PP y Ciudadanos aseguran que la situación del concejal Pere Fuset es «insostenible» y exigen al alcalde Joan Ribó que lo destituya. La portavoz del PP, María José Catalá, detalla que la decisión de la Fiscalía «deja ya sin argumento a Ribó, de Compromís y al PSPV para que aparten de sus funciones a Fuset». Y añade que «si fueran mínimamente coherentes con lo que han dicho con situaciones judiciales similares, no deberían mantenerlo ni un minuto más como máximo responsable de la concejalía de Cultura Festiva».
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, califica de «irresponsable» la decisión del alcalde de mantenerlo en la concejalía. «Está muy bien que el alcalde apoye a su equipo, pero defender lo indefendible puede tener consecuencias muy negativas para Valencia».
Por su lado, Fuset asegura que la nueva investigación judicial le dará la oportunidad «por fin de poder declarar» sobre un asunto que afirma tiene «tranquilidad absoluta».
El ministerio público sostiene que no cumplieron con las medidas de seguridad y no evaluaron los riesgos derivados de la instalación de gradas. De igual modo, tampoco vigilaron la ejecución de los trabajos que los profesionales llevaron a cabo en Viveros, siempre según el escrito de calificación.
El juez de instrucción y la Audiencia, sin embargo, sí apreciaron indicios de criminalidad en la actuación del edil, aunque sus resoluciones no vinculan al fiscal en este sentido. La clave para los magistrados y el motivo de mantener al edil en el procedimiento es que con su actuación, el envío de una carta en la que impone el montaje de las gradas y la empresa, se está convirtiendo de facto casi en uno de los promotores del evento. Así, la Sala recordó que con esa misiva impuso la «instalación de unas gradas por terceros que no habían participado en el proceso», es decir, «al margen de cualquier procedimiento administrativo».
«Tomó la decisión de su realización -se refiere a las gradas- al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores», concluye el auto de la Audiencia. El siguiente paso debe ser la apertura de juicio. Fuset quiere seguir de concejal pese a que se sentará en el banquillo. El alcalde Ribó le apoya.
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