Oltra anuncia que el viernes se aprobará la paga para el personal sanitario y sociosanitario

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado que el próximo viernes el Consell aprobará un decreto ley para compensar económicamente el esfuerzo realizado por el personal sanitario y sociosanitario durante el anterior estado de alarma a consecuencia del coronavirus.

Oltra, en una comparecencia en Les Corts para explicar las actuaciones en las residencias de mayores para prevenir el impacto de la Covid-19, ha mostrado sus condolencias por los 1.972 valencianos fallecidos hasta la fecha, de los que 664 eran mayores que vivían en residencias.

«La pandemia no para y nosotros tampoco», ha subrayado Oltra, que ha señalado que se están planteando aprobar una nueva normativa para adaptar las resoluciones vigentes a los nuevos niveles de alarma de España.

Oltra ha recalcado que para luchar contra la covid se ha reforzado la gestión cotidiana mediante un plan de choque que incluye la contratación de 29 profesionales: 7 auxiliares de gestión, 7 de administración, 11 de personal técnico jurídico, 2 de arquitectura y 2 de personal técnico superior de la administración general. Este personal servirá de refuerzo «extraordinario y temporal» para agilizar las gestiones y trabajos en su departamento, que se suman a los 12 nuevos puestos del servicio de inspección.

Asimismo, se están preparando nuevas «inmediata». En primer lugar, ha recordado que se aprobará un decreto de concesión directa de subvenciones a centros, viviendas tuteladas y entidades de iniciativa social por valor de 10,9 millones, de los que la mitad será para cubrir el coste de la contratación de personal extra, así como reconocer el esfuerzo de los profesionales, y la otra mitad para financiar la adquisición de material.

Además, el próximo año se hará «justicia salarial» con el personal sociosanitario de los centros públicos y se les igualará con el personal de sanidad, lo que beneficiará a 56 médicos y 184 enfermeros.

En ese sentido, ha recalcado que en 2021 se dispondrá del presupuesto de políticas sociales «más elevado» de la historia con cerca de 2.000 millones para aumentar recursos, centros, plaza, y profesionales para atender «más y mejor» a todas las personas que lo necesiten. Así, ha vuelto a pedir el apoyo a la oposición para transformar «los aplausos en los balcones» en votos desde los escaños que permitan sacar adelante estas propuestas.

Del mismo modo, ha destacado el plan de infraestructuras, dotada con 500 millones, para «avanzar en un nuevo modelo residencial» frente al «mercantilista heredado del PP que favorezca, como ha enseñado este pandemia, que es necesario fomentar la autonomía personal y la desinstitucionalización del sistema para que los mayores vivan el máximo tiempo en sus casas».

Al respecto, ha subrayado que esta segunda ola de la pandemia nos está afectado de «una manera más dura de lo que esperábamos», por lo que «hay que mantener la alerta y todas las medidas de seguridad que garanticen la salud pública».

En ese sentido, ha informado de que hasta el día de hoy se ha presentado 314 planes de contingencia de residencias de personas mayores, el 99%, y de 125 de centros de día, el 69%. Sin embargo, hay cuatro residencias y 56 centros de día, todas ellas privadas, que no lo ha presentado, lo supone una infracción grave, y les ha advertido por escrito de que si no los presentan en pocos días se iniciará el procedimiento sancionador.

La vicepresidenta, que ha repasado las resoluciones que se han ido aprobando desde le inicio de la pandemia y las medidas que se aplican en cada fase, ha destacado que la última de 17 de agosto recoge el acuerdo alcanzado por el Sistema Nacional de Salud aunque se estudia una nueva actualización.

De este modo, las personas antes de ingresar en una residencia debe tener una PCR negativa 72 horas antes así como los nuevos trabajadores y al reincorporarse de vacaciones de más de 14 días. No obstante, ha insistido en pruebas cada 15 días a los usuarios porque suponen un «encarnizamiento», pero sí que ha mostrado partidaria de los test de antígenos aunque luego se deban confirmar por PCR.

Asimismo, ha destacado la labor de la inspección de los servicios sociales para garantizar la salud pública, que ha realizado 86 inspecciones en centros residenciales, una inspección cada tres días.

Del mismo modo, ha destacado que se han repartido 4.340.831 EPIs: 126.054 unidades de hidrogel (de 500ml), 198.000 unidades de guantes, 3.926.842 de mascarillas, 26.310 fundas de mascarillas, 48.484 protectores faciales, 14.031 batas, 534 gafas, 298 termómetros, 220 equipamentos de buzos y 50 cubrebotas.

Por contra, desde la oposición la diputada popular, Elena Bastidas, ha afirmado que Oltra no ha validado «ni el 30% de planes de contingencia», ha preguntado «si se va a autosancionar» y ha lamentado «la situación de abandono de los mayores porque Oltra está más pendiente de su ego». Así, ha citado los casos de las residencias de Domus VI de Lliria y Alcoi.

Del mismo modo, la diputada de Cs Cristina Gabarda, que ha criticado que no se lleve esta comisión al pleno, ha señalado que la Comunitat es la octava con más muertos en residencias, mientras que Rebeca Serna, de Vox, ha lamentado «la falta de instrucciones y de personal».

Oltra ha replicado que es «fascinante» que Bastida aluda a estas residencia cuando fue la de Alcoi fue «un regalito» del exconseller Rafael Blasco a «sus amiguitos de una concesión a 45 años por solo unas obras» y cuando el PP «aplaude» la suspensión judicial del cierre de Sant Llorenç de Vila-real pese a tener informes que «ponen los pelos de punta como «ancinos tirados horas en el suelo y orinados».

Además, ha recalcado que no se pueden mirar los términos absolutos porque la Comunitat tiene mayor población y en los relativos ocupa la tercera posición a la cola en cuento a letalidad dentro de las residencias. «No es para presumir porque un muerto ya es mucho pero los datos se deben manejar con rigor», ha apostillado.