La defensa del homicida de Marta Calvo pedirá su absolución

La defensa de Jorge Ignacio P. J., el hombre acusado de asesinar a Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, afirma que el procesado «nunca mató ni tuvo intención de matar» a las tres jóvenes. La abogada María Herrera, que ejerce la defensa del presunto asesino en serie, pedirá en el juicio la libre absolución de su representado, aunque en el caso de que fuera condenado solicitará «la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de toxicomanía», según el escrito presentado por la letrada en el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia.

Herrera señala también que el acusado «nunca abusó sexualmente» de otras ocho mujeres, cuyos nombres figuran en la causa como víctimas supervivientes, «ni les produjo lesiones ni tuvo intención de producirlas». Respecto la toxicomanía, el escrito de conclusiones de la defensa asevera que Jorge Ignacio P. «es consumidor de sustancias estupefacientes y tóxicos».

La abogada del procesado propone el interrogatorio de nueve testigos, cuatro de ellos guardias civiles, para tratar de demostrar en el juicio que su representado no mintió cuando confesó el descuartizamiento del cuerpo de Marta tras una supuesta muerte por sobredosis de cocaína.

Sin embargo, la Fiscalía de Valencia pide para el acusado una condena de 130 años de prisión, una de las mayores penas conjuntas solicitadas en la historia de la justicia valenciana en un caso penal. Los abogados que representan a los padres de Marta y las familias de Lady Marcela y Arliene Ramos solicitan prisión permanente revisable, la máxima condena privativa de libertad en España.

En un procedimiento con jurado popular, Jorge Ignacio P. está acusado de una treintena de delitos como presunto autor de la muerte violenta de tres mujeres entre el 25 de abril y el 7 de noviembre de 2019, y de las intoxicaciones con cocaína y delitos contra la indemnidad sexual de otras ocho víctimas que sobrevivieron a encuentros sexuales con el procesado.

Una condena de prisión permanente revisable supone cumplir de manera efectiva 20 años de cárcel –debido al gran número de delitos que las acusaciones atribuyen al presunto asesino en serie–, sin descontar ningún día, y posteriormente un tribunal tendría que valorar nuevamente las circunstancias del penado y valorar si cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad.

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